viernes, 24 de agosto de 2012
¿QUE ES LA ECONOMÍA DELIBERATIVA?
La economía deliberativa es una parte de la discusión y análisis económico que trata de buscar todas las repercusiones y relaciones que acaecen cuando se trata de estudiar un problema en específico, señalando todos los puntos a favor y en contra, y los factores que determinan que existan esos problemas, para ello se realiza un estudio muy riguroso, para que podamos entender realmente lo que sucede y no caer en en una conclusión parcial y poco fiable que no ayuda a resolver los problemas cabalmente.
martes, 31 de julio de 2012
lunes, 30 de julio de 2012
viernes, 13 de julio de 2012
BIENES PUBLICOS
¿Qué son los bienes públicos?
Despues de entender los concepto de bienes en un mercado competitivo mediante a la oferta y la demanda, clasificamos en bienes privados y bienes pùblico.los bienes privados son excluyente y rivales mientras tanto los bienes pùblicos no son ni excluyentes, ni rivales.
Entonces ahora analizar qué son los bienes públicos, un tipo de bienes muy especial que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser ‘colectivos’ y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción, con independencia de que este deba respetar la jurisdicción aprobada al respecto para protegerlos.
La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha convención.
Los bienes públicos gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos municipales, etcétera.
La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente. Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.
Un ejemplo de bien rival sería un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la cantidad disponible para el resto.
Que sea no excluyente, quiere decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección. Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito pastel al pasar por una panadería.
El ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.
Un ejemplo de por qué no podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.
Respecto a este Concepto hay que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría incentivos para hacerlo.
Debiendo distinguirlos de los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado, pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto.
Una de las confusiones más extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el Estado, ya sea por las externalidades positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.
Otra cuestión que no siempre queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más significativos.
Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.
Por ejemplo, si no respetamos los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin.
Otra de las problemáticas más extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’ en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma, proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a quienes si contribuyen a su financiación.
Este problema supone un ‘daño’ tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios ‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento, supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.
En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.
Por todo ello, los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado, y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.
La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha convención.
Los bienes públicos gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos municipales, etcétera.
Características de los bienes públicos
La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente. Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.
Un ejemplo de bien rival sería un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la cantidad disponible para el resto.
Que sea no excluyente, quiere decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección. Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito pastel al pasar por una panadería.
Los bienes públicos en nuestras vidas
El ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.
Un ejemplo de por qué no podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.
Respecto a este Concepto hay que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría incentivos para hacerlo.
Debiendo distinguirlos de los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado, pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto.
Una de las confusiones más extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el Estado, ya sea por las externalidades positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.
Otra cuestión que no siempre queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más significativos.
Principales problemas de sostenibilidad
Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.
Por ejemplo, si no respetamos los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin.
Otra de las problemáticas más extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’ en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma, proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a quienes si contribuyen a su financiación.
Este problema supone un ‘daño’ tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios ‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento, supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.
Perspectivas, viabilidad y conclusiones
En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.
Por todo ello, los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado, y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.
viernes, 13 de abril de 2012
filosofar
¿Qué es filosofar?
Jhan Carlo Hernández Suárez:
¿Qué es filosofar? Una actividad específica de la Filosofía es el pensar, y este término se perfila con otro verbo: “conocer”. El conocer es un principio propio de la ciencia y consiste en la aprehensión intelectual del objeto. El pensar, por el contrario, implica permanecer en las meditaciones, implica la atención al proceso. El filosofar, en este sentido, no tiene objeto, cuando se propone alguno, pensar en torno a él es la llamada reflexión. El pensar interfiere en esa actividad, introduce una cuña, contempla lo que hacen los demás y cómo lo hacen. La labor filosófica no tiene nada propio en que aplicarse. Por eso el pensar no se confunde tampoco con el obrar, si por ello entendemos la transformación de lo real material. El filósofo no transforma nada, excepto sus propios pensamientos. En una sociedad en la que todo el mundo cree intervenir en la realidad: políticos, científicos, periodistas, etc., incluso en una dimensión fundamental de la realidad, el filosofar no interviene en la realidad. El filosofar es contemplativo de la misma manera que la ciencia es neutral. Los filósofos se limitan a interpretar la realidad.
Filosofar es una actividad sin supuestos. La mirada religiosa mira el mundo porque en él cree ver a Dios o la manifestación de cualquier otro poder distinto del humano. La mirada científica está mucho más hipotecada todavía que la religiosa, porque añade, a lo supuestos necesarios acerca de un objeto, los referidos a sus instrumentos. Frente a estas miradas, se halla la del filósofo, que sólo dispone de un ojo: el de la razón y la facultad de ver: pensar.
El asombro es el origen de la Filosofía, la reacción más limpia de prejucios frente a algo radicalmente nuevo y desconocido. El filosofar toma esta reacción como punto de partida para proceder, porque pensar no sólo es registrar y el filósofo no se conforma con enterarse, desea entender. Y entender es rebajar el asombro sin que se altere nuestra capacidad de ver.
Hubo un tiempo en que la actividad filosófica y la científica fueron juntas de la mano, compartían el mismo propósito. Pero la ciencia fue devorada por sus propias respuestas, en el instante en que decide cauterizar el asombro se convierte en una máquina de fagocitar realidad. Sin embargo, a la filosofía no le importa que las cosas se le resistan, no le importa permanecer siempre en un asombro que se renueva perpetuamente. La filosofía quiere descubrir cuál es el mecanismo que rige la realidad, la llave que abre la inteligencia del mundo, pero no se desespera por no hallarla. Esto sólo demuestra que lo que da que pensar excede con mucho lo que somos capaces de pensar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)